A partir del 1 de enero de 1986, España se convierte en miembro de pleno derecho de la Europa de los Doce entrando así a formar parte del club de las democracias europeas. Desde entonces, y hasta el 2006, Bruselas ha sido muy generosa con el país concediendo alrededor de 6.000 millones de euros cada año; cifra que equivale a 130 euros anuales por cada español.
Buena parte de ese dinero ha sido invertido en el desarrollo regional y local de los territorios españoles. Esta política tiene nombre propio en el léxico comunitario, política de cohesión. Sus principales instrumentos financieros son los fondos estructurales, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE), más el Fondo de Cohesión.
Para el periodo 1989-2006, el montante de ayudas comunitarias destinadas a España ha alcanzado los 98.000 millones de euros (a precios del 1999), de los cuales el 51% se ha dedicado a infraestructuras, el 32% a inversiones en capital humano y el 17% restante a ayudas a empresas. España ha sido el país de la Unión Europea que más dinero ha recibido de los fondos en términos absolutos, mientras que Portugal, Irlanda y Grecia han recibido más en términos per cápita. Incluso hoy, tras la tan temida ampliación, España casi sigue siendo el mayor receptor, precedida sólo por Polonia. Empero, para el período 2007-2013, el total de ayudas de la Unión Europea para España supone 35.217 millones de euros, de los cuales: más de 26.000 millones de euros bajo el Objetivo de Convergencia (ex Objetivo 1), 8.500 millones para alcanzar el Objetivo de Competitividad Regional y Empleo y el resto para el Objetivo de Competitividad Territorial Europea. A nivel autonómico, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Ceuta, Melilla y Murcia se sitúan en el Objetivo de Convergencia. Por otro lado, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja se engloban en el Objetivo de Competitividad Regional y Empleo. Durante el período 2007-2013, cabe además mencionar que unos 16,3 millones de españoles, el 37% de la población, estará viviendo en Regiones ex Objetivo 1 una reducción significativa si lo comparamos con los datos del periodo 2000-2006, que suponía un 59% de los españoles.
Los sectores prioritarios de financiación son, en general, I+D, innovación, impulso empresarial, transporte y medio ambiente (12.000 millones), infraestructuras de transporte (7.500 millones), gestión del agua (4.000 millones) y empleo (3.600 millones). Uno de los ejemplos más conocidos es la construcción de la línea del Tren de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, inaugurado en febrero del 2008 y con un coste total de 10.500 millones de euros. La contribución de la Unión Europea, vía Fondos de Cohesión y Programas TEN-T (Agencia Ejecutiva de la Red Trans-Europea de Transporte, de la Comisión Europea) alcanzó en este caso los 3.500 millones de euros.
Los fondos estructurales europeos son una invención de finales de los años setenta. Su objetivo es reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones europeas. Desde entonces, existen dos grandes debates sobre esta cuestión. El primero es más ideológico e indaga en la naturaleza última de los fondos: ¿instrumento de desarrollo o simple compensación financiera? El segundo investiga, por el contrario, los distintos impactos que los fondos pueden haber tenido en los países donde han sido aplicados. Con respecto a la naturaleza de los fondos siguen existiendo dos posiciones muy distanciadas. Hay quienes piensan que los fondos se inspiran en un ideal de democracia social sensible a las desigualdades de las condiciones de vida en las regiones europeas. Un capitalismo de impronta neokeynesiana donde desarrollo económico y paz social vayan cogidos de la mano, dirían los economistas. Para otros se trata, por el contrario, de una simple compensación con vistas a cubrir los costes económicos de la integración europea. Puede pensarse que la liberalización económica no ha sido del todo indolora, especialmente para las regiones más pobres y quizás- las menos aptas para afrontar los retos del mercado único europeo. En el caso de España, por ejemplo, los fondos podrían haber compensado las fuertes restricciones impuestas sobre dos sectores clave como son la agricultura y la pesca. De hecho, la cuota láctea, el conflicto pesquero y los contingentes de exportación contribuyeron a que los representantes españoles estuviesen negociando tanto tiempo la adhesión.
En relación con los distintos impactos de la política de cohesión de la Unión, cabe advertir que las respuestas son tantas como las perspectivas que se privilegian. Desde una óptica económica, los fondos han constituido un éxito rotundo para la convergencia de España hacia los estándares europeos. En 1986 los españoles presentaban una renta media per cápita del 70% de la media europea cuando hoy han alcanzado el 106,8% de la media de la UE-27 (90% en la UE-15). Los fondos serían responsables entre 5 y 6 puntos de los 20 de renta relativa media que España ha ganado desde su adhesión europea.
Sin embargo, la política de cohesión no sólo ha significado dinero que ha ingresado en las arcas del Estado y de las administraciones regionales. De esta forma, un aspecto que vale la pena mencionar es su impacto sobre los órganos de gobierno, los aparatos institucionales y sus formas de actuación. Quizás éste sea el verdadero valor añadido de los fondos estructurales europeos. La compleja regulación europea para poder acceder a los fondos ha desencadenado dos fenómenos. En primer lugar, ha hecho familiar un modelo de planificación a largo plazo que todas las comunidades autónomas han aceptado y que se refleja hoy en los planes de desarrollo regional, donde los gobiernos autonómicos presentan sus líneas estratégicas. La segunda aportación es de naturaleza más política y se refiere al impacto sobre las siempre delicadas relaciones entre centro y periferia en el interior del Estado español. La presencia de los fondos ha contribuido a acercar al Gobierno central y a las comunidades autónomas en la arena común de la política regional, precisamente en el momento en que el Estado de las autonomías daba sus primeros pasos. Aunque siguen siendo numerosas las demandas de mayor autonomía por parte de las comunidades, el papel de estas últimas ha crecido notablemente en materia de desarrollo regional.
Es muy probable, para no decir cierto, que la relación “privilegiada” de España con los fondos estructurales terminará en el 2013, ya que gradualmente se irán reduciendo las ayudas financieras para las regiones españolas. Si bien no supondrá un recorte abrupto de los fondos, será necesario afrontar nuevos retos y buscar estrategias para hacer frente a la situación, en el marco de la Estrategia de Lisboa. En tal contexto, la recientemente inaugurada Presidencia Española de la Unión Europea parece remarcar la necesidad de fomentar un modelo de desarrollo y crecimiento que sea siempre menos dependiente de los flujos financieros provenientes desde Bruselas en favor de un mayor peso relativo de las potencialidades endógenas de los territorios. Todo esto, sin perjudicar el objetivo primordial de la reducción de las disparidades socioeconómicas que aún existen entre los territorios y la producción de nuevos y mejor puestos de trabajo. En esta línea, por ejemplo, el Presidente José Luis Zapatero repitió con firmeza que todas las acciones de la Presidencia española estarán guiadas por dos ideas. La primera será "la innovación no sólo tecnológica, sino también económica, institucional y política", que ha de conducir a crear más y mejores empleos. La segunda idea será la de igualdad en sus diferentes ámbitos. Desde el punto de vista de la solidaridad, de la ayuda al desarrollo y entre hombres y mujeres. Estas dos ideas son las que irán a impregnar las tres prioridades de la Presidencia que son el impulso de un nuevo modelo económico; la reafirmación y profundización en la Europa social y solidaria; y la adaptación de Europa a un mundo multipolar al que hable "con una sola voz". Una primera señal concreta del compromiso de la presidencia Española con las política de cohesión ha sido la reciente reunión ministerial informal del 19 de febrero de 2010 en Zaragoza donde, en presencia de los representante de la Comisión, se ha debatido sobre el futuro de la Política de Cohesión de la Unión Europea en torno a cuatro temas-clave: la vinculación de la Política de Cohesión a la Estrategia Europa 2020; la reformulación de objetivos y prioridades de las Políticas de Cohesión; la eficiencia económica y simplificación en un contexto de crisis económica; y la Integración de la Cohesión Territorial en la Política de Cohesión.
Andrea Noferini
Mirna Nouvilas
Institut Universitari d’Estudis Europeus
Noferini, Andrea i Nouvilas, Mirna
